Pillsbury Latin America | El Departamento de Estado de los Estados Unidos Implementa el Título III de la Ley Helms-Burton, Mismo que Permite Promover Demandas Relacionadas con Propiedades Confiscadas en Cuba
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  • El Departamento de Estado de los Estados Unidos Implementa el Título III de la Ley Helms-Burton, Mismo que Permite Promover Demandas Relacionadas con Propiedades Confiscadas en Cuba
    04/19/19
    Por Jorge Vera y Daniel Garcia

    El 17 de abril de 2019, el gobierno de Trump anunció que permitirá a ciudadanos estadounidenses, cuyas propiedades hayan sido confiscadas por el gobierno cubano después de 1959, a demandar a compañías extranjeras que “trafiquen” con  propiedades confiscadas. Con esta acción, se implementa el Título III de la Ley denominada Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act ["Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana "]) o "Libertad", conocida comumente como la “Ley Helms-Burton,” la cual había sido suspendida por más de 20 años. Este anuncio refuerza uno de los objetivos del gobierno de Trump de limitar la relajación de sanciones en contra de Cuba que había sido previamente implementada  por el gobierno de Obama, con la finalidad de presionar a Cuba para que descontinue su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela.

    La Ley Helms-Burton fue aprobada en 1996. El Título III permite que ciertos ciudadanos estadounidenses demanden, en una corte federal, a aquellas empresas extranjeras que voluntaria e intencionalmente “trafiquen” en propiedades que hayan sido confiscadas por parte del régimen de Castro y en perjuicio de ciudadanos estadounidenses. El término “Tráfico” se define en términos generales e incluye la acción de transferir o de cualquier forma disponer de propiedad confiscada; comprar o de cualquier forma adquirir propiedad confiscada; realizar ciertas mejoras en propiedad confiscada; invertir en propiedad confiscada; celebrar acuerdos comerciales que tengan por objeto el uso o por medio de los cuales se adquiera un beneficio con la propiedad confiscada; y que cualquiera de estas acciones se realice “sin la autorización de cualquier ciudadano de los Estados Unidos que tenga derechos sobre la propiedad”. Dado que estos términos son relativamente ambiguos, es posible que su alcance tenga que ser interpretado por los tribunales.

    La ley otorga facultades al presidente para suspender la aplicación del Título III, pero la suspensión debe renovarse cada seis meses. Desde que se promulgó esta ley, cada presidente de Estados Unidos ha mantenido la suspensión del Título III. Inicialmente el gobierno de Trump continuó con esta suspension en congruencia con las anteriores prácticas, para luego realizar una acción sin precedentes al otorgar exenciones por períodos de tiempo más cortos, lo que da indicios sobre su próximo cambio en la política contra Cuba. El Título III entrará en vigor el 2 de mayo de 2019, un día después de que expire la última exención. 

    El 4 de marzo de 2019, el gobierno de Trump hizo parcialmente efectivo el Título III al haber permitido  su implementación con respecto a aproximadamente 200 compañías o entidades controladas por el servicio militar, de inteligencia o de seguridad de Cuba. Ahora, con la implementación total del Título III, las compañías extranjeras que tengan negocios relacionados con propiedades confiscadas en Cuba tendrán el riesgo de enfrentar litigio.

    Este anuncio por parte de Estados Unidos ha sido ya objeto de oposición por parte de aliados estadounidenses que tienen negocios en Cuba. Ayer, la Unión Europea (UE) y Canadá emitieron una declaración conjunta en la que reiteraron que “la UE y Canadá consideran la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales relacionadas con Cuba contrarias al derecho internacional.” Hay expectativa de que habrá impugnaciones ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). La primera vez que la UE desafió la legalidad del Titulo III fue en 1996, cuando se aprobó inicialmente la Ley Helms-Burton, pero retiró su impugnación ante la OMC después de que el gobierno de Clinton suspendiera la implementación de la ley.